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HISTORIA

A continuación podrás conocer toda la historia sobre la creación del Archivo General de la Nación.

Desde los comienzos de la República de Colombia se iniciaron los trabajos de la archivística nacional, como lo ilustra la instrucción archivística de 1826 que fue preparada por don José Manuel Restrepo, primer secretario del Interior de Colombia y también el primero de sus historiadores. En efecto, la instrucción del secretario Restrepo para la organización de los archivos de la Secretaría del Interior, dada el 25 de marzo de 1826, ya observaba el principio de procedencia institucional: para empezar, la organización de los legajos debía respetar la diferenciación de las cuatro entidades administrativas distintas de la experiencia republicana acumulada hasta entonces: el gobierno constitucional de Colombia comprendido entre 1821 y 1826, el gobierno venezolano del exilio de Guayana (1817-1819), y los dos gobiernos de las vicepresidencias de los departamentos de Cundinamarca y Venezuela (1819-1821). Del mismo modo, la división y la ordenación de los papeles del archivo de la Secretaría del Interior reflejarían sus tres secciones del despacho, cada una con cuatro departamentos.

 

Todos los funcionarios públicos fueron responsabilizados del cuidado de los archivos que producían en sus respectivas oficinas, los documentos tenían que ser clasificados y ordenados cronológicamente, y además tenían que ser indizados. Las carpetas y los legajos fueron seleccionados como las unidades contenedoras de los documentos, y el flujo documental tenía que terminar en el archivo general de la secretaría del despacho ejecutivo. Ya se había establecido que los archivos eran la fuente útil para la escritura de la historia de la nación colombiana, de lo cual dio el mejor ejemplo el mismo secretario Restrepo con su Historia de la revolución de la República de Colombia, publicada en 1827. El cuidado de la documentación fue advertido con un sistema de registro de préstamos entre las distintas dependencias.

 

Al disolverse la República de Colombia en 1830, las tres secretarías del despacho ejecutivo del Estado de la Nueva Granada heredaron los archivos de las cinco secretarías colombianas, según los asuntos correspondientes a las nuevas secretarías del Interior y Relaciones Exteriores, Hacienda, Guerra y Marina. Las administraciones granadinas conservaron entonces tres archivos generales propios, cada uno con su archivero propio.

Al final de la primera Administración Murillo Toro (1864-1866), el secretario del Interior Santiago Pérez dio los primeros pasos para el arreglo de los acervos conocidos ya entonces como Archivos Nacionales, pero fue el 10 de agosto de 1866, durante la cuarta Administración Murillo Toro (1866-1867), que se celebró un contrato entre el ministro del Interior y el general Emigdio Briceño con el objeto de arreglar y preparar unos inventarios del acervo de esta Secretaría, apoyado por su hijo, Manuel Briceño.

 

En efecto, el 12 de agosto de 1866 el entonces archivero de la Secretaría del Interior, Francisco Ortiz, posesionó al general Briceño en la administración del acervo que se custodiaba en el panteón de Santo Domingo. El contratista procedió a separar este acervo particular por siglos y por años, y después por las materias que había ordenado el contrato. El 8 de febrero de 1867 entregó a la Secretaría del Interior un índice minucioso de todos los documentos del siglo XVI, y el 28 de junio siguiente entregaron el índice de los documentos del siglo XVII. Una copia de estos inventarios fueron entregados a la Secretaría de la Cámara de Representantes. Pero antes de proseguir al inventario de los documentos de los siglos XVIII y XIX el contrato fue interrumpido por el secretario del Interior de la Administración Santos Acosta. Fue entonces cuando esta Administración dio el decreto orgánico de los Archivos Nacionales y encargó su dirección a don José María Vergara y Vergara. 

 

La idea de concentrar todos los archivos de las secretarías del despacho nacional fue defendida en el periódico El Neogranadino por don Manuel Ancízar con las siguientes palabras:

 

La historia completa de nuestro país se encuentra en gran parte sepultada en los polvorientos archivos de varias oficinas de la República. Desde el archivo del antiguo Cabildo hasta el nuevo depósito de documentos de las Secretarías de Estado, todos, más o menos, encierran preciosos papeles destinados al olvido eterno por su confuso hacinamiento, en una serie de legajos que no merecen la pena ni aun de leerse su enunciado.

¿Cómo, pues, para altivas las riquezas que ocultan esos archivos, no nos resolvemos a crear un depósito nacional, en donde se reúnan todos los documentos importantes que hoy están amenazados de destrucción en los países ardientes, y de pérdida irreparable en otras partes? Abramos, pues, un nuevo depósito a los conocimientos humanos, reunamos bajo un solo punto de vista tantos documentos esparcidos aquí y allá, y el Gobierno no habrá hecho, a la verdad, una conquista estéril, sino muy fructuosa para las ciencias. Para cumplir este objeto y para hacer útilmente accesible tan importantes documentos, debe crearse un ARCHIVO NACIONAL, formando parte del establecimiento de la Biblioteca Pública.

 

Estas ideas fueron vertidas en el decreto orgánico de los archivos nacionales que fue firmado por el presidente Santos Acosta, hermano del decreto que le dio vida a la Universidad Nacional:

 

El presidente de los Estados Unidos de Colombia, En ejecución de la lei de 11 de mayo de 1863, “sobre Secretarías de Estado”, i en ejercicio de sus facultades constitucionales, DECRETA: Art. 1º. Suprímense las plazas de archiveros de las Secretarías de Estado, i cualesquiera otras de archiveros que no sean creadas por lei especial i que existan en oficinas cuya organización corresponda por las leyes al Poder Ejecutivo. Art. 2º. Créase una sección de archivos nacionales en la Secretaría de lo Interior i Relaciones Exteriores, a cargo de un jefe de sección, Archivero nacional. Arto. 3º. Esta sección será servida por el jefe de ella i por dos oficiales auxiliares del Archivero nacional. […] Dado en Bogotá, a 17 de enero de 1868. Santos Acosta El secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, Carlos Martín.

 

Esta ley rescindió el contrato que existía con el general Briceño y ordenó al primer archivero nacional que fue nombrado el 19 de enero de 1868, don José María Vergara y Vergara, recibir todos los documentos que estuviesen en poder de aquel. Los archiveros permanentes fueron Manuel A. Cordovez y Ramón María Lotero. Los archiveros auxiliares fueron Guillermo Jordán y Manuel Herrera. Todos ellos venían actuando como archiveros de las distintas secretarías de estado.

 

Firmando como archivero nacional, don José María Vergara y Vergara dio en Bogotá, el primero de enero de 1869, el nuevo Reglamento del Archivo Nacional de los Estados Unidos de Colombia. En ese momento la oficina de los Archivos Nacionales era la sección cuarta de la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores, servida por el archivista nacional, cuatro archiveros (dos auxiliares y dos provisionales) y tres empleados asalariados. Los cuatro archiveros se repartían la organización de los archivos de las cuatro secretarías del despacho ejecutivo: Guerra, Hacienda y Fomento, Interior y Relaciones Exteriores, Tesoro y Crédito Nacional. La novedad introducida fue la de que todos estos archivos se custodiaban en común, y la de que el archivero general tomó a su cargo la custodia del archivo “colonial” heredado de la administración central del Nuevo Reino de Granada. Este Archivo Nacional fue dividido en dos departamentos: el primero fue el de la época colonial, que comprendía la documentación producida por las secretarías de la Real Audiencia y del Virreinato, la Notaría eclesiástica, los conventos suprimidos y la administración de los bienes de manos muertas, y por la Corte general de cuentas. El segundo departamento integraría la documentación producida por las cuatro secretarías del despacho ejecutivo, la Tesorería General y la Oficina General de Cuentas, así como los impresos oficiales. Como el artículo 7º del decreto orgánico de los Archivos Nacionales ordenó al archivero nacional preparar unas memorias históricas de la nación, este quedó facultado para separar de los fondos originales documentos relacionados con la memoria de las épocas de la nación (Conquista, Revolución de 1781, Primera República, Guerra de Independencia, República de Colombia, Nueva Granada) y situarlos en estantes distintos. Se dio así origen a los fondos facticios que fueron creando a lo largo del tiempo los archiveros nacionales, así como a la colección Comuneros de 1781 que se quedó custodiada en la Biblioteca Nacional.

 

El 30 de enero de 1881 fue contratado el doctor Luis María Cuervo para arreglar la sección “Archivo de la Colonia” de los Archivos Nacionales que estaba en completo abandono en uno de los salones de Escuela Nacional de Institutoras. Procedió este a clasificar y rotular los legajos, y con el apoyo del secretario de Instrucción Pública, Ricardo Becerra, los trasladó a la Biblioteca Nacional bajo el nombre de Archivo Histórico de la Colonia. Según los informes de Cuervo, se habían perdido más de veinte metros cúbicos de estos documentos por la humedad del salón donde habían estado. Este contratista organizó esta documentación en algo más de 700 legajos, clasificados en 36 temas, los cuales permanecieron en la antigua Biblioteca Nacional hasta 1938, cuando fueron transferidos al Archivo Nacional que se trasladó al nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Este fondo es el que se llama hasta hoy Archivo Anexo.

 

 

Durante la Administración Rafael Reyes (1904-1909) fue contratado el empaste de los legajos del acervo de los Archivos Nacionales y se dio la disposición ejecutiva 177 de 1907 que creó el empleo de inspector general de todos los archivos de la Nación, asignado a Enrique Álvarez Bonilla. Esta acción dejó su impronta hasta nuestros días en las secciones Colonia y República, no solo en el tipo de empaste escogido sino en el tamaño de los legajos. A su turno, la Administración de Marco Fidel Suárez dispuso en el artículo 22 de la ley 47, aprobada en 1920, la creación de la Mapoteca Colombiana, integrada por todos los mapas y cartas geográficas que existían en el acervo de los Archivos Nacionales y en otras bibliotecas. Fue desde entonces que se comenzó la práctica de separar las cartas geográficas de los legajos, que a la larga formó la sección Mapoteca.

 

Los protocolos que las primeras notarías de Bogotá habían acumulado desde el siglo XVI llamaron la atención de los archivistas nacionales y ello dio origen al artículo 29 de la ley 40 del 30 de noviembre de 1932, el cual estableció que los protocolos notariales anteriores al año 1801 que existían en las notarías de Bogotá debían enviarse al Archivo Nacional para su custodia, bajo la autoridad del archivista nacional, quien en adelante podría expedir copias de los documentos de que se hacía cargo, ciñéndose para el cobro de derechos a los fijados para los notarios. Las copia expedidas por el jefe del Archivo Nacional tendría los mismos efectos y fuerza de las autorizadas por los notarios. Se exceptuaron del efecto de este artículo legal los protocolos que, a juicio del gobernador, estuviesen debidamente custodiados y cuidados bajo la responsabilidad de personas aptas para ello. En cumplimiento de esta disposición, fueron trasladados al Archivo Nacional los protocolos de nueve notarías del círculo de Bogotá.

 

El acervo de los Archivos Nacionales fue trasladado al edificio del antiguo convento de Santo Domingo, donde permanecería hasta que la Orden de Predicadores lo vendió al Gobierno para su demolición y posterior construcción del edificio del Ministerio de Comunicaciones. El acervo fue trasladado al antiguo Palacio de Justicia, donde permaneció hasta que se levantó el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional durante el año 1938. El decreto ejecutivo 205 del 30 de enero de 1937 había ordenado que, en calidad de Departamento de Archivos Nacionales, tuvieron estos como sede una parte del edificio de la nueva biblioteca. El 20 de julio de 1938 fue inaugurado este edificio por el presidente Alfonso López Pumarejo, y con ocasión del cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Santafé de Bogotá quedaron instaladas la biblioteca y los archivos nacionales en el mismo lugar. Dos representantes a la Cámara, Fabio Lozano y Lozano y Gustavo Gómez Hernández, tramitaron el proyecto de ley 140 del 21 de diciembre de 1940 que reorganizó el Archivo Nacional y le mantuvo como sede el edificio de la Biblioteca nacional.

 

La reunión de la Biblioteca y del Archivo Nacional en un único edificio facilitó el traslado administrativo del Departamento de los Archivos Nacionales del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Educación, como parte integrante de la Biblioteca Nacional, al tenor del decreto ejecutivo 205 del 30 de enero de 1937, ratificado por el artículo 2º de la ley 113 del 21 de diciembre de 1940. Por ello fue que el ministro de este ramo, Alfonso Araújo, decidió trasladar los archivos del Ministerio de Educación a los Archivos Nacionales, a finales de 1939.

 

El decreto 2.032 de 1936 dispuso que los Archivos Nacionales se encargarían de los fondos de valor permanente pertenecientes a los ministerios y los departamentos administrativos del orden nacional, exceptuando los fondos reservados y los de consulta permanente. Cuando el Gobierno nacional creó el Instituto Colombiano de Cultura mediante el decreto ley 3.154 de 1968 se le incorporaron en calidad de división los Archivos Nacionales, cuyas funciones específicas les fueron dadas por el acuerdo 3 del 7 de febrero de 1974.

La Ley 80 del 22 de diciembre de 1989 convirtió el antiguo Archivo Nacional de Colombia en el Archivo General de la Nación, adscrito al Ministerio de Gobierno, definido como establecimiento público nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. La gestión de esta Ley tuvo como ponente del proyecto, ante la comisión octava del Senado, presidida por Miguel Merino, al senador Roberto Liévano Perdomo. El trámite general del proyecto de ley fue guiado por Ricardo Rojas.

 

Además de su antigua función de conservación y organización del acervo documental propio, el AGN recibió la nueva función de promoción de la organización de todos los archivos públicos del país, para lo cual tendría que organizar un Sistema Nacional de Archivos. Por derivación de esta función, recibió el encargo de formular y regir las políticas nacionales de archivos.

 

En 1998 comenzó en el Senado de la República la gestión del proyecto de Ley general de archivos, cuya exposición de motivos fue suscrita por los ministros del Interior, Alfonso López Caballero, y de Hacienda, Antonio José Urdinola Uribe. El proyecto original, ingresado por iniciativa de este secretario del Interior, se integró con trece títulos que agruparon 60 artículos. Surtió su trámite en esa cámara con ponencia favorable de los senadores Juan Martín Caicedo Ferrer y Héctor Elí Rojas Jiménez, cuyo pliego de modificaciones los redujo a 58 artículos. La ponencia para el primer debate en la Cámara de Representantes fue escrita en mayo de 1999 por los representantes Juan Ignacio Castrillón Roldán y José Arnoldo Parra Duque, comisionados por el presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara. Otro pliego de modificaciones al segundo texto fue radicado en el siguiente mes de junio con 56 artículos. Finalmente, la plenaria de las dos cámaras legislativas convirtió el proyecto en la Ley 594, sancionada el 14 de julio del 2000 por el presidente Andrés Pastrana Arango, con 52 artículos distribuidos en 13 títulos.

Inauguración de la sede propia del AGN en el barrio de la Candelaria

A las tres de la tarde del 3 de noviembre de 1992 comenzó la ceremonia de inauguración de la sede del AGN, presidida por el presidente de la República, César Gaviria Trujillo. El diseño del edificio fue proyectado por el arquitecto Rogelio Salmona (1927-2007) y la construcción fue administrada por la Fundación para el Desarrollo y la Financiación de la Cultura durante los años 1988 a 1994. Esta Fundación fue integrada en 1986 por 16 entidades públicas (seis bancos estatales, Ecopetrol, Carbocol, Telecom, Corpavi, Financiera Eléctrica Nacional) y privadas (Federación Nacional de Cafeteros, ISA, Organización Ardila Lulle, Fundación Carvajal y Bavaria) convocadas por el presidente Virgilio Barco Vargas, y puesta su administración bajo una directora ejecutiva, Claudia Rodríguez Canal. El proyecto arquitectónico contempló dos cuerpos: el cuerpo norte fue entregado el 3 de noviembre de 1992 y el cuerpo sur a finales de 1994.

 

Inauguración de la segunda sede del AGN en Funza

El 16 de abril del año 2013 fue examinado en la reunión del Consejo Directivo del AGN un diagnóstico preparado por el Grupo de Recursos Físicos sobre los riesgos estructurales de la bodega del barrio Santander, aquejada de problemas del sistema eléctrico, inundaciones en el área de almacenamiento e inseguridad que requerían la ejecución de obras de emergencia. La presidenta del Consejo Directivo de ese entonces, María Claudia López Sorzano, viceministra de Cultura, preguntó si en la bodega del barrio Santander se contaba con un estudio de reforzamiento estructural, dado que se trataba de una edificación con más de 20 años de existencia. Al ser informada que no existía, recomendó contratar un estudio integral que contemplara “un proyecto completo de intervención y no ir haciendo pequeñas obras que pueden estar asociadas directamente a problemas de tipo estructural”.

 

Siguiendo esta recomendación de la viceministra de Cultura, quien presidía el Consejo Directivo del AGN, el Grupo de Recursos Físicos del Archivo contrató en el año 2014 a la firma Técnicas Colombianas de Ingeniería para la elaboración de los estudios de vulnerabilidad y los diseños que establecieran los costos de una intervención estructural, así como los trámites de una licencia de intervención física en la bodega Santander. Los resultados de ese estudio, soportada en el contrato 162, fueron presentados ante el Consejo Directivo en su sesión del 26 de septiembre de 2014: solo dos bodegas (la 2 y la 4) podían reforzarse, y las áreas técnicas y administrativas tenían que demolerse por los riesgos que amenazaban al personal. Como resultado de este estudio de vulnerabilidad, se llegó a la convicción de que era preciso trasladar la estantería, las cajas de documentos, los funcionarios y los contratistas a una nueva bodega segura e idónea para todo el personal de servicio archivístico. El costo de la intervención de la bodega Santander fue avaluado en 8.500 millones de pesos, para una capacidad de almacenamiento de 28.472 metros lineales. Fue entonces cuando el director del AGN, Carlos Zapata Cárdenas, instruyó al Grupo de Recursos Físicos comenzar la búsqueda de una nueva bodega para trasladar los fondos documentales y al personal de la bodega Santander, comenzando con las ofertas que se registraban en la Central de Inversiones CISA.

 

En el año 2015 se realizaron los ajustes en contrato 162 del año anterior para estimar los costos de demolición y de reforzamiento estructural de las bodegas 2 y 4 de la sede de Santander, los cuales incluyeron los costos de intervención y diseño de la nueva área administrativa, así como el aislamiento de las bodegas que ordenaba la nueva normatividad urbanística. En la reunión del Consejo Directivo del AGN realizada el 10 de febrero de este año 2015 intervino el director Carlos Zapata Cárdenas para afirmar que las “reales condiciones del predio Santander desvirtúan el proyecto inicial de hacer una edificación más adecuada para Archivo Intermedio por los altos costos que ello implicaría, no solamente por la demolición requerida sino por el levantamiento de una nueva estructura, más aun teniendo en cuenta la zona de ubicación del inmueble, que es estimada como una zona de alto riesgo y sin las facilidades mínimas de acceso contempladas en la norma vigente”. Agregó que a la vista de las conclusiones del estudio técnico realizado en la bodega Santander se había tomado “la determinación de realizar únicamente los mantenimientos necesarios con el fin de realizar con posterioridad las intervenciones que se requieran”.

 

Ante la elección de la opción de compra de una nueva bodega para trasladar los fondos y el personal de la bodega Santander, así como para cesar el pago de arrendamientos de la bodega de Álamos que albergaba el Archivo Administrativo del DAS, durante el mes de septiembre de 2015 el AGN solicitó recursos para la adquisición de una nueva bodega. Este proyecto de asignación de recursos para este propósito fue aprobado en el mismo año 2015. Los beneficios de comprar una bodega nueva que permitiese abandonar las bodegas de Santander y Álamos fueron precisados en los términos siguientes:

-Ahorro del elevado canon de arrendamiento de la bodega de Álamos donde se custodia el archivo general administrativo del DAS.

-Ahorro de los costos de demoliciones y reforzamiento estructural de la bodega Santander, abriendo la posibilidad de venderla al mejor postor.

-Mejoramiento significativo de las condiciones de almacenamiento y de trabajo de los fondos documentales hasta ahora custodiados en las bodegas Santander y Álamos.

-Garantía de espacio adicional para custodiar nuevos fondos documentales de la administración pública transferidos al AGN durante un tiempo de 20 años.

 

El 10 de febrero del 2016 el AGN entregó a la Central de Inversiones CISA un oficio que definía el alcance del acompañamiento que se le solicitó para el proceso de selección y compra de la nueva bodega. CISA envió la propuesta económica de este acompañamiento y requirió un concepto de la Agencia Nacional Inmobiliaria “Virgilio Barco Vargas” relacionado con la intención del AGN de participar en un proyecto de Archivo Intermedio de la Administración Pública vinculado al gran proyecto de renovación urbana “Ciudad CAN”. Efectivamente el AGN entregó la documentación pertinente a la Agencia Nacional Inmobiliaria y le solicitó un concepto. El 3 de marzo de 2016 esta Agencia informó a los funcionarios del AGN que era la entidad idónea, dado su objeto social, para acompañar el trámite de compra de la nueva bodega. Fue así como el 28 de marzo esta Agencia entregó al AGN las mejores opciones inmobiliarias para el propósito del AGN.

 

El ingeniero Edgardo Paternina, encargado por el Grupo de Recursos Físicos del AGN, terminó el 15 de abril siguiente la revisión y verificación de las doce opciones inmobiliarias propuestas por la Agencia Nacional Inmobiliaria. Los requerimientos mínimos que estableció fueron: una capacidad mínima de almacenamiento para 76,9 kilómetros lineales de cajas de archivo, disponibilidad inmediata, vías de acceso pavimentadas, ubicación en parques logísticos donde no existiese transformación industrial o almacenamientos de productos químicos o inflamables, cumplimiento de la norma de sismoresistencia NSR10, área administrativa y técnica capaz de albergar 200 personas, y ubicación en Bogotá o en sus municipios circunvecinos. De acuerdo a la altura de la bodega definió el área mínima del piso en metros cuadrados y la capacidad de soportar peso en toneladas por metro cuadrado.

 

El 26 de abril siguiente presentó en una reunión los resultados de su análisis de las características técnicas mínimas de las doce opciones mencionadas, conforme a los requerimientos técnicos del AGN. Resultaron así tres bodegas seleccionadas, y la Agencia Nacional Inmobiliaria procedió a realizarles el estudio jurídico de títulos y condiciones, resultando favorable para las tres opciones en su informe fechado el 16 de mayo siguiente. En el mes de junio siguiente fue suscrito el convenio interadministrativo entre el AGN y la Agencia Nacional Inmobiliaria para el acompañamiento del proceso de compra de una de las tres bodegas seleccionadas, localizadas en la Zona Franca de Bogotá y en los parques industriales San Diego (Funza) y Santa Lucía (Funza). El presupuesto final destinado para la adquisición de la nueva bodega, después de la reducción presupuestal, fue de 9.426.225.135 pesos.

 

El lunes 18 de julio de 2016, el recién posesionado director del AGN, Armando Martínez Garnica, inspeccionó personalmente las tres bodegas seleccionadas, acompañado del ingeniero Edgardo Paternina y de la coordinadora del Grupo de Recursos Físicos, Olga Yaneth Sandoval. Una vez comparadas las tres bodegas en el sitio y con toda la información acopiada, tomó la decisión de comprar la bodega 1G del Parque industrial San Diego II PH, localizada en la vereda Funza del municipio de Funza, en consideración a su mayor capacidad de bodegaje, menor costo de administración, mayor luminosidad, mayor capacidad de toneladas de carga por metro cuadrado y menor precio.

 

Un día después se entrevistó con Diana Hernández, de la Agencia Nacional Inmobiliaria, y le comunicó su decisión para que emprendiera la negociación con sus propietarios. Fue así como el viernes 12 de agosto siguiente, en la sala de juntas del AGN, se produjo el encuentro del director del AGN y sus funcionarios directivos con Aristóbulo Matiz Álvarez, identificado con la c.c. 19385888, representante legal de Inversiones Matiz Aldana Ltda., la firma propietaria de la bodega escogida. Por el precio final de la compraventa, de 6.727.924.500 pesos, los propietarios de la bodega 1 de la manzana G (G-1) del Parque Industrial San Diego propiedad horizontal se comprometieron a entregar al AGN la cantidad de 4.077 metros cuadrados construidos, sobre un lote de 3.674,91 metros cuadrados, a razón de 1.610.700 pesos el metro cuadrado construido, que incluyó una prolongación del mezanine del segundo piso para ampliar los puestos de trabajo y el recubrimiento del techo con aislante térmico. El área total de la bodega es de 3.676,88 metros cuadrados, y el área de bodegaje de 3.561,33 metros cuadrados.

 

El estudio del dominio territorial realizado por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco demostró que los linderos y las especificaciones de esta bodega están contenidos en la escritura pública no. 619 del 10 de septiembre de 2014 de la Notaría de Tabio, con folio de matrícula inmobiliaria no. 50C-1924563 de fecha 18 de agosto de 2016 inscrito en la Oficina de Registro de la zona centro de Bogotá, cuyo titular era la Sociedad Inversiones Matiz Aldana Ltda., con NIT 830.116.939-0. La cédula catastral es 000000070031000. Fue descartada una falsa tradición de propiedad de la bodega mencionada, predio que no presentaba gravámenes o limitaciones al dominio. Este estudio caracterizó al predio como suelo suburbano en zona 9 (suburbana industrial) y en un corredor vial de servicios rurales, según certificado expedido por el Departamento de Planeación de la Alcaldía de Funza el 7 de julio de 2016. En conclusión, la Agencia Nacional Inmobiliaria conceptuó que no existía impedimento alguno para proceder a la negociación del inmueble estudiado en el folio inmobiliario y en el certificado de tradición y libertad.

 

El 5 de septiembre de 2016 fue firmada la promesa de compra-venta de la bodega de San Diego, en la Notaría Única del círculo de Funza, por Aristóbulo Matiz Álvarez, representante legal de la Sociedad Inversiones Matiz Aldana Ltda., con c.c. 19.385.888, y la secretaria del AGN, María Clemencia Maldonado. Conforme a lo pactado, se pagó el 40% del valor de la bodega. El martes 20 de septiembre fue firmada en la misma Notaría de Funza la escritura de compraventa de la bodega por el director del AGN, Armando Martínez, Aristóbulo Matiz Álvarez, y la secretaria del AGN, María Clemencia Maldonado. Conforme a lo pactado se pagó el 50% del valor de la bodega, que en la escritura de compra-venta quedó en $6.727.924.500. El 10% restante se pagó el día de la entrega de la bodega al AGN. De inmediato se emprendieron los trabajos de adecuación de la bodega, según los diseños de un equipo de ingenieros dirigidos por Edgardo Paternina. El 20 de junio de 2017 comenzó el traslado de los archivos que se custodiaban en la bodega de Álamos hacia la sede de Funza.

 

La capacidad de las dos sedes quedó establecida de la siguiente manera: -Sede de La Candelaria: 54,5 kilómetros lineales de cajas distribuidas actualmente en 54 depósitos, con 170 puestos de trabajo. -Sede de Funza: 80 kilómetros lineales de cajas distribuidas en ocho módulos herméticos y separados, correspondientes a 375.000 cajas x200, con 220 puestos de trabajo. Las dos sedes estarán en capacidad de custodiar en conjunto 134,5 kilómetros lineales de cajas, una distancia equivalente a la que existe entre Bogotá y Girardot.

Tips de historia

 

Sebastián de Belalcázar ordenó hacia 1535 que se depositaran en un arca libros y registros de aquello relativo al gobierno de la naciente ciudad de Quito, Ecuador.

 

 

 

 

 

 

 

La referencia documental más antigua sobre el establecimiento de archivos oficiales en Colombia, la encontramos en el Libro de Acuerdos de la Real Audiencia de Santafé.

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corona española, desde el comienzo mismo de la Conquista, pretendió proteger la documentación generada por la administración indiana.