Fundar no basta: el precio de sostener Santa Marta
En el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación hispánica de Santa Marta, traemos a la luz uno de los testimonios más antiguos que conserva el Archivo General de la Nación sobre esta ciudad. Se trata de un documento fechado en 1556, apenas tres décadas después de que Rodrigo de Bastidas fundara Santa Marta, y nos ofrece una ventana excepcional a los desafíos fiscales y administrativos de la temprana colonización. En una época marcada por el asedio de piratas, la resistencia de los pueblos indígenas y el afán de explotar las riquezas del Nuevo Mundo, este expediente revela cómo se intentó sostener la ciudad con tributos, milicias y burocracia, y cómo la Real Hacienda se convirtió en una pieza clave —aunque frágil— del poder colonial. Su lectura no solo permite comprender la historia económica de la región, sino también los dilemas y tensiones que marcaron sus primeros pasos como enclave imperial.
Después que las huestes del conquistador y mercader Rodrigo de Bastidas arribaran a la costa y fundaran la ciudad de Santa Marta en el bienio de1525-1526, les correspondió establecer el gobierno para administrar el territorio y organizar la explotación de las riquezas que allí había. La administración implicaba contar con un pie de fuerza suficiente para garantizar la seguridad de la ciudad y las villas fundadas a lo largo del siglo XVI. Los recurrentes ataques de las comunidades indígenas, extendidas en varias zonas estratégicas para los españoles, fueron un obstáculo para éxito de la temprana colonización.
Defenderse y organizar campañas de conquista en las tierras aledañas a Santa Marta, necesitaba de un sistema impositivo que financiara una milicia, pero también que cubriera los costos de gobernar la ciudad. La nueva vida en el recién fundado poblado necesitaba de una burocracia y de obras públicas para asegurar un orden. La creación de un fisco indiano siguió las ordenanzas expedidas desde la metrópoli para recaudar los principales derechos de la época: alcabala, almojarifazgo, los derechos mineros y los tributos de la población indígena. A través de una débil Real Hacienda, las autoridades coloniales recaudaban el excedente económico de las encomiendas, los impuestos al comercio y el derecho de quinto a los metales preciosos instaurado desde 1504.
Por los constantes ataques de piratas e imperios extranjeros y la notable resistencia indígena, el desempeño fiscal de Santa Marta durante el primer siglo de colonización fue deficitario. El enorme gasto no podía financiarse con los impuestos a las pequeñas poblaciones de españoles asentadas en el territorio. El traslado de recursos metropolitanos para sostener la plaza se convirtió en una alternativa para evitar que la ciudad cayera en manos de las aguerridas comunidades indígenas o los extranjeros en el Caribe.
La financiación de Santa Marta fue un componente esencial en la política de los gobernadores durante el primer siglo de dominación española. En un contexto de continuos ataques y saqueos a la ciudad, de decrecimiento de la población local y guerras internas, los recursos eran vitales para su supervivencia. Durante el siglo XVII, aun cuando se había reducido a los poblados indígenas periféricos de la ciudad, la plaza padeció un notable abandono por cuenta de la crisis de la actividad minera del Nuevo Reino y el reemplazo del puerto local por el de Cartagena. Las consecuencias fueron instantáneas: bajos ingresos fiscales de los derechos aduaneros y mineros, que eventualmente desfinanciaron la ciudad.
En el siguiente siglo, algunos alcaldes todavía advertían los bajos recursos que recibía la Real Hacienda local. Si bien el panorama había mejorado gracias a las transferencias monetarias de Santa Fe y Quito, lo observado muestra que, desde los inicios de la conquista y colonización, hasta las primeras décadas del siglo XVIII, la economía samaria pasó por serias dificultades.
El documento que presentamos en esta sección corresponde al primer testimonio conservado en el Archivo General de la Nación de Colombia, sobre la historia temprana de Santa Marta. Elaborado treinta y uno años después de fundada la ciudad, en tiempos del gobernador español Luis Manjarrés, el documento es un valioso recurso para la historia fiscal del territorio.
Se trata de un expediente de más de 100 folios relacionado con los problemas que implicó crear un sistema tributario en la región. Salpicado de casos de aparente de corrupción que involucraron al tesorero y contador de Santa Marta, Bartolomé González Peña, el documento da pistas de la importancia del cobro del derecho de quinto para las finanzas locales. Este impuesto era una tasa sobre la explotación aurífera que efectuaban varias poblaciones en los ríos de la Sierra Tairona —como se conocía en esa época la Sierra Nevada de Santa Marta—, y los robos que hacían los españoles a las sepulturas prehispánicas. Tal actividad, constituyó la base económica de las primeras poblaciones asentadas en Tierra Firme.
Este interesante acervo que ilustra la manera cómo las ciudades hispánicas se financiaban se encuentra conformado por un expediente de la Real Hacienda de Santa Marta que data de 1556 y por la relación de las deudas líquidas de la caja de Santa Marta, de 1556-1557. Su referencia es: AGN, Colonia, Real Hacienda, tomo 32, doc. 10, folios 250r y 315r. Año de 1556
Por Julián Sánchez
Historiador e investigador del AGN
